El Gobierno desarma la Secretaría de Derechos Humanos y reafirma su proyecto negacionista
El anuncio incluye el traspaso del Museo Sitio ESMA del Archivo de la Memoria al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). También la reducción del 40% de trabajadores.
Por Martín Bosch
Envalentonado tras el triunfo electoral, el gobierno nacional anunció este miércoles que lo que queda de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tras el desguace y los despidos pasará a ser una subsecretaría, una degradación que muestra también la intensión del gobierno de profundizar su proyecto negacionista del terrorismo de Estado.
La decisión fue informada por el vocero y legislador electo Manuel Adorni, quien aseguró que “ahora sí la cartera se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no defender un sector ideológico partidario”. No explicó Adorni cómo va a lograr esa tarea, con menos del 40 por ciento de su planta de trabajadores y con sus funciones paralizadas desde la asunción del presidente Javier Milei.
Minutos después, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó la novedad en un breve comunicado difundido en sus redes sociales, aunque aún no fue oficializada en un decreto.
“La decisión responde al compromiso del Presidente Javier Milei de achicar el Estado, eliminar el déficit y terminar con los privilegios. Ya fueron despedidos 405 empleados militantes, lo que representa el 44% del personal heredado”, señala el texto. Y aclara que el paso a Subsecretaría “implica una reducción en un 50% de los cargos jerárquicos y direcciones vigentes, lo que permitirá un ahorro de $9000 millones de pesos anuales”.
Como parte de la destrucción de la Secretaría, dos áreas completas saldrán de su órbita: el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la ESMA, que este jueves cumple 10 años desde su apertura, pasarán al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), una entidad descentralizada de la Secretaría creada por un acuerdo bilateral con la UNESCO.
Desde la llegada al gobierno de La Libertad Avanza, la única política que desarrolló la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del ex juez Alberto Baños, fue el desguace y la parálisis. Los primeros despidos se produjeron en marzo de 2024 y en un año y medio echaron a casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras con áreas clave desarmadas, como el área de querellas, integrado por abogadas y abogados que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad, el programa Verdad y Justicia, y Sitios de memoria, entre otros.
Luego avanzó con el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y, con la excusa de una auditoría, desactivó el funcionamiento del predio de la ex ESMA y el pago de los sueldos a sus trabajadores.
Con la degradación a Subsecretaría, el gobierno no hace otra cosa que recrear lo hecho durante el gobierno de Carlos Menem, cuando la Subsecretaría de Derechos Humanos creada por Raúl Alfonsín en la vuelta de la democracia dentro del Ministerio del Interior fue degradada a Dirección Nacional en 1991 como parte del proceso para garantizar impunidad a los genocidas tras la firma de los indultos entre 1989 y 1990.
El área siguió su recorrido apenas 5 años después, cuando recuperó el rango de Subsecretaría, y en 1999 pasó de Interior al Ministerio de Justicia. En 2002 se elevó al rango de Secretaría, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y continuó así por más de 23 años, en los que fue una parte central del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. En esas dos décadas, con idas y vueltas, acompañó e impulsó los juicios por crímenes de lesa humanidad, así como el reconocimiento y reparaciones a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.
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